Resumen: El actor, trabajador, cuyo contrato se extinguió, tras situación de prejubilación, por acuerdo con la empresa en 2019, en el que se pactó mantener el derecho a disfrutar de la tarifa eléctrica bonificada, recurre la sentencia de instancia que desestima su demanda, en reclamación del suministro eléctrico que disfrutó, al apreciar cosa juzgada. La Sala de lo Social siguiendo su propio criterio y la doctrina unificada, desestima el recurso dado que, los beneficios sociales del personal activo como de los trabajadores jubilados habían acabado vinculados a los sucesivos convenios del grupo ENDESA y que, al perder su vigencia el IV de esos convenios, en el que se encontraba el derecho a fluido eléctrico del personal activo y pasivo, desapareció ese derecho, en pie de igualdad para ambos colectivos, habiendo quedado juzgada la pretensión por sentencia firme del TS dictada en conflicto colectivo.
Resumen: La sentencia anotada se hace eco del cambio de jurisprudencia de la Sala IV en atención a la STC 140/2024, de 6 de noviembre , que ha declarado la inconstitucionalidad de los arts. 48.4 ET y 177 LGSS en cuanto impiden extender el permiso de nacimiento y cuidado de menor en supuestos de familia monoparental, con lo que ha venido a remover los obstáculos legales en los que se sustentaba la doctrina de la Sala IV (STS de Pleno número 169/2023, de 2 de marzo, rcud. 3972/2020). Declarada la inconstitucionalidad de tales preceptos legales, la sentencia expone que la Sala IV está obligada a sentar una nueva doctrina en la materia, y resolver el presente asunto con base a lo establecido por el Tribunal Constitucional en su precitada sentencia. En tanto el legislador no lleve a cabo la consiguiente reforma normativa, en las familias monoparentales el permiso a que hace referencia el art. 48.4 LET , y la prestación regulada en el art. 177 LGSS , ha de ser interpretado en el sentido de adicionarse al permiso del primer párrafo para la madre biológica (dieciséis semanas), el previsto en el segundo para progenitor distinto (diez semanas, al excluirse las seis primeras, que necesariamente deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posterior al parto). Se desestima recurso interpuesto por el INSS y se confirma la sentencia de suplicación que, a su vez, confirmaba la de instancia, reconociendo a la madre la prestación por nacimiento y cuidado de menor de diez semanas adicionales.
Resumen: Con carácter previo a la resolución de la cuestión de fondo planteada por las recurrentes, examina la Sala de oficio la posibilidad de recurso de suplicación de la sentencia de instancia. La cuestión de la recurribilidad de una resolución dictada por los Tribunales constituye materia de orden público procesal y, como tal, debe incluso ser examinada y resuelta de oficio por la Sala sin necesidad de denuncia por las partes. Debe examinarse, pues, si en este supuesto la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número 1 de León en Autos 316/2021 es recurrible en suplicación. Partiendo del art. 191, 192.3 y 192.4 de la LRJS, como quiera que en los presentes autos por la Mutua demandante se reclama el reintegro de prestaciones de incapacidad temporal en cuantía de 2.968,56 euros que entiende deben ser a cargo de las Entidades Gestoras demandadas, ha de concluirse que el montante de lo reclamado es evidentemente inferior al límite legal de 3.000 € exigibles para la procedencia del Recurso de Suplicación, debiendo inadmitirse el recurso por falta de cuantía.
Resumen: El demandante tenía reconocida pensión de jubilación no contributiva con efectos de febrero de 2019. Con la declaración del año 2023 se requirió al beneficiario para que aportase documentación relativa a los movimientos fronterizos, suspendiéndose el abono de la prestación por no presentar los documentos exactamente reclamados; y con efectos de mayo de 2022 se extinguió la pensión no contributiva reconocida por traslado de su residencia legal fuera del territorio español por tiempo superior a 90 días a lo largo del año natural. En la cuenta de días de permanencia en el extranjero del año 2022 figuran 103 días que exceden de los permitidos, siendo el límite de días un elemento inexorable de la pérdida del derecho a la prestación no contributiva. Aunque se alegan situaciones excepcionales que pudieran dar lugar a la exclusión para su cómputo de días en los que haya existido impedimentos o limitaciones, no se acreditan ni figuran como hechos probados y por tanto debe confirmarse la decisión judicial.
Resumen: La demandante prestaba servicios como profesora de religión en distintos centros públicos, haciéndolo con jornada a tiempo parcial de 36,67 horas semanales (97,78% de jornada), si bien, desde el 1/09/22 se produjo una modificación de jornada y pasó a 21,80 horas semanales (porcentaje del 58,13%). Se deniega la prestación por desempleo pero se estima su demanda porque la Administración se halla habilitada para reducir la jornada por ser una relación objetivamente especial, pudiendo realizar la modificación de la jornada sin tramitar un expediente de regulación de empleo que no es exigible para pasar a situación legal de desempleo parcial. La exigencia del trámite de expediente de regulación de empleo para reducir jornada, lo es para aquellos supuestos en que el empresario está obligado a cursarlo, y no para el caso, como el presente, en que está eximido.
Resumen: La cuestión planteada en la litis consiste en decidir si hay derecho a percibir pensión de viudedad el cónyuge supérstite separado judicialmente del causante mediante sentencia en la que no se estipuló pensión compensatoria, cuando los cónyuges reanudaron la convivencia sin comunicarlo al juzgado correspondiente. Conforme a la jurisprudencia, la falta de comunicación al órgano judicial del cambio sobrevenido, la actora no pueda acceder a la prestación de viudedad que reclama por la vía matrimonial, como cónyuge separado sin pensión compensatoria (art 220 LGSS). Tampoco como pareja de hecho. Y ello tanto por la persistencia del vinculo matrimonial que les une como por el hecho de que la convivencia mantenida entre ambos, a pesar de su separación, no implica la existencia de análoga relación de afectividad a la conyugal; en tal sentido, la STS/4ª de 16 febrero 2016, rcud. 33/2014: "en caso de separación judicial, estando vigente el vínculo matrimonial, no puede constituirse válidamente una pareja de hecho entre los cónyuges, sin que a ello obste la privación del efecto natural del matrimonio de que los cónyuges vivan juntos, de modo que en caso de reconciliación no se constituirá una convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal constitutiva de una pareja de hecho, sino que pasa a tener nuevamente efectividad la obligación de los cónyuges de vivir juntos, presumiéndose otra vez que lo hacen". No puede tomarse como inscripcion constitutiva la del hijo común.
Resumen: Expresa el recurrente que, si bien no hay prueba directa sobre el accidente de trabajo, existen diversos hechos periféricos e indiciarios que, en aplicación del artículo 386 de la LEC, demuestran la existencia del siniestro laboral. Sin embargo, como expresa la Sala, para beneficiarse de la presunción de laboralidad es preciso que la trabajadora demuestre, asumiendo la carga probatoria que sobre ella pesa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 217.2 de la LEC, que el accidente ocurrió en tiempo y lugar de trabajo, para que, una vez demostrado este hecho, despliegue su eficacia la referida presunción, y, en el presente caso, no existe en el relato de hechos probados de la sentencia, evidencia alguna de que existan lesiones en tiempo y lugar de trabajo. Alegando también el supuesto contemplado en el artículo 156.2.f) del texto legal, no resulta de aplicación respecto al mismo la presunción de existencia de accidente de trabajo, debiendo demostrar la parte la relación de causalidad trabajo-lesión, y, por otro lado, si existiera enfermedad anterior, debe demostrarse que, sí se ha sufrido una agravación y que el factor desencadenante o que determinó la agravación lo sufrió en las referidas condiciones de tiempo y lugar de trabajo para beneficiarse de la existencia de accidente de trabajo, lo que tampoco consta. Lo único que existen son manifestaciones de la parte recurrente, en el sentido de que ha sentido dolor y que existe una importante patología degenerativa y hernia discal.
Resumen: La Sala parte del inalterado relato de hechos probados, así como de afirmaciones complementarias al respecto que con indudable valor de hecho probado se contienen en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida. En síntesis y como más relevante es el siguiente: la trabajadora recurrente nacida el NUM000 de 1958 está afiliada al Régimen General como auxiliar de enfermería de geriatría. Tras fractura de cadera izquierda (no traumatismo de alto impacto), fue intervenida con prótesis total de cadera el 12.05.2021, presentando osteoporosis establecida. Se le recomienda evitar realizar grandes esfuerzos y coger pesos, lo que viene a concordar con la conclusión del Informe Médico de Evaluación de Incapacidad Laboral: limitación en actividades que requieran deambulación/bipedestación mantenida, así como manipulación de cargas importantes y esfuerzos bruscos, lo que le impide el desempeño de su profesión que exige esfuerzos físicos significativos pero que no tiene anulada su capacidad profesional de ganancia pues puede desarrollar aquellas otras profesiones de carácter liviano o sedentario.
Resumen: La demandante percibía subsidio de desempleo desde el 15-5-2020. Ha estado de alta del 25 al 31 de mayo de 2020, del 1 al 30 de noviembre de 2021, y del 7 al 30 de abril de 2022 en las actividades de agente comercial y guía de turismo por cuenta propia, percibiendo el29 de mayo de 2020 un importe total de 2669,07 €, el 23 de noviembre de 2021 importe total de 980,7 €, el 25 de noviembre de 2021 importe total de 4005,16 €, el 29 de noviembre de 2021 importe total de 518,33 €, el 11 de abril de 2022 importe total de 1017,11 €, y el 18 de abril de 2022 importe total de 3084,38 €, sin haber comunicado al SEPE dicha ocupación ni los ingresos percibidos en ella. El 27 de septiembre de 2022 se acordó la extinción del subsidio de desempleo y la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. El subsidio por desempleo es incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes de la seguridad social, siendo obligatorio comunicar, salvo causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos para el derecho a su percepción. Al no haberlo hecho así el beneficiario y no siendo una cantidad residual o escasa, debió comunicarse esta circunstancia y al no hacerlo debe extinguirse la prestación y devolver lo indebidamente percibido.
Resumen: La Sala estima el recurso y declara que la incapacidad temporal litigiosa tiene origen en accidente de trabajo porque, independientemente de que concurriese una previa patología de carácter degenerativo, se puso de manifiesto a raíz del accidente laboral sufrido durante el tiempo y en el lugar de trabajo, mientras desempeñaba las funciones propias del mismo, el cual, sin perjuicio de la patología de base, de carácter degenerativo, se venía llevando a cabo a satisfacción de la empresa.
